La pensión de alimentos

La pensión alimenticia es una cantidad periódica que se abona para contribuir al sostenimiento de un familiar que lo necesite. En este caso vamos a centrarnos en la pensión de alimentos a favor de los hijos en un proceso de ruptura matrimonial o de convivencia de sus padres.

1.      ¿Cuál es el importe de la pensión de alimentos?

Afirma el artículo 146 del Código Civil que la cuantía de los alimentos será proporcional al caudal o medios de quien los da, y a las necesidades de quien los recibe. Son estas las dos variables que se han de tener en cuenta a la hora de establecer la pensión de alimentos.

En caso de que sean los progenitores quienes acuerden el régimen que van a adoptar tras su ruptura de pareja, y suscriban un convenio regulador, serán ellos quienes señalen el importe de la pensión en el propio convenio. Salvo que la cuantía sea muy pequeña y el Juez o el Fiscal vean peligro de que las necesidades de los menores no queden cubiertas, lo habitual es que se apruebe dicha cuantía al aprobar el convenio.

Si se trata de un proceso contencioso, en el que el juez ha de fijar la pensión de alimentos, tendrá en cuanta las dos variables que hemos señalado más arriba.

a) Las necesidades del menor

La pensión de alimentos ha de permitir que las necesidades de los hijos estén cubiertas. No se trata de garantizar únicamente las necesidades básicas (vivienda, alimento, vestido,…) sino que se atiende al modo de vida que llevaban los hijos comunes antes del divorcio. Si durante el matrimonio los menores acudían a un centro escolar privado, disponían de seguro médico, tenían una paga mensual considerable, por ejemplo, todo ello se tiene en cuenta a la hora de valorar las necesidades económicas de los hijos. Se trata de que el divorcio no suponga una merma en las condiciones que venían disfrutando los hijos comunes.

b)La capacidad económica de sus progenitores

La pensión no se establece calculando que ambos progenitores van a aportar lo mismo, o no necesariamente. Si existe diferencia en su capacidad económica, también habrán de responder de manera diferente a las necesidades económicas de sus hijos. Es fácil: el que más tiene, más aporta.

No es extraño que uno de los progenitores, o incluso los dos, tenga ingresos irregulares o no declarados. En este caso es muy importante la prueba en el procedimiento, para lograr demostrar la verdadera capacidad económica del progenitor en cuestión y que el juzgador la tenga en cuenta a la hora de establecer la pensión.

Existe un baremo que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, que puede servir como orientación. Los jueces no tienen que ceñirse a él en absoluto, pero sí suele ser una guía para conocer los importes mínimos a tener en cuenta. En esta página web el Consejo te permite el cálculo de la pensión alimenticia que correspondería conforme a su baremo, según las circunstancias económicas de los progenitores: http://www6.poderjudicial.es/PensionAlimenticiaWeb/frmGeneral.aspx

Si tienes dudas sobre el procedimiento judicial te lo explicamos en esta publicación.

2.      Pensión de alimentos y custodia compartida

Existe una creencia generalizada de que la custodia compartida conlleva que no exista pensión de alimentos. Sin embargo, esto no es así en todos los casos. El régimen de custodia decide el tiempo de estancia de los menores con sus padres y la asunción de estos de las obligaciones de cuidado respecto de sus hijos, pero no determina por sí mismo las obligaciones económicas.

Aunque lo habitual es que en un régimen de custodia compartida cada progenitor abone los gastos diarios de los menores en el tiempo que comparten con ellos, y los demás por mitades,  si existe una diferencia en la capacidad económica de los progenitores puede imponerse el pago de una pensión de alimentos al que más ingresos tiene, o el pago en solitario de determinados gastos.

Se trata, como hemos dicho, de que la situación de divorcio no perjudique a los menores. Y si, por ejemplo, uno de los progenitores no dispone de ingresos para procurarse una vivienda para estar con los menores durante su tiempo de custodia, mientras el otro progenitor dispone de medios más que suficientes, se busca favorecer a los menores mediante la adopción de una pensión de alimentos que permita que los hijos comunes no sufran carencias o un desequilibrio importante en función de con quién estén.

3.      ¿Se puede modificar la pensión de alimentos?

Sí, como todas las medidas acordadas en un proceso de ruptura matrimonial cabe su modificación si las circunstancias en las que se adoptaron cambian. Como ya explicamos en el artículo sobre modificación de medidas, esa es la cuestión clave: el cambio en las circunstancias.

Ha de darse una variación de las circunstancias, y esta ha de ser relevante y prolongada en el tiempo. Un cambio en cualquiera de las variables que se tienen en cuenta a la hora de establecer la pensión. Pueden cambiar las necesidades del menor (un traslado de domicilio que cambie el nivel de gastos, o que haya de asistir a un centro con asistencias especiales, o a estudiar en el extranjero, por ejemplo), o la capacidad económica de los progenitores (un cambio de trabajo, por ejemplo).

Una situación de desempleo, que es un caso que habitualmente nos encontramos, puede no ser tan clave como creemos, ya que se ha de tratar de un cambio prolongado en el tiempo. Estar unos meses en paro no es excepcional y no siempre se considera un cambio suficiente, ya que se presume que se encontrará trabajo. Solo si es prolongado en el tiempo, y de suficiente entidad puede justificar una modificación de la pensión.

4.      ¿Hasta cuándo se abona?

También es una creencia extendida que una vez que el menor alcanza la mayoría de edad no se ha de abonar, o que incluso se le ha de pagar directamente a él.

Ninguna de las dos afirmaciones es cierta. En principio, se ha de pagar la pensión de alimentos al progenitor con quien conviva el hijo común aunque este sea mayor de edad, que es quien le procura vivienda, alimentos, etc,… y  hasta la independencia económica del hijo común. No obstante, aunque este sea el principio general, tampoco es absoluto.

El artículo 152.5 del Código Civil establece como causa de cese de la obligación de prestar alimentos en los supuestos de descendientes, cuando la necesidad provenga de la mala conducta de este o su falta de aplicación en los estudios.

Así, si el hijo no es independiente económicamente por su propia voluntad o dejadez (no estudia, no busca empleo,… lo que se ha venido a llamar popularmente ser un “nini”), no hay razón para mantener una pensión de alimentos, que según señalan diversas resoluciones judiciales, consolidaría una actitud de parasitismo social.

Sin embargo y como hemos visto en otras publicaciones, el derecho de familia deja mucha libertad a los jueces para valorar las circunstancias de cada caso en particular y adoptar las medidas que entienda más justas y convenientes. Y una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de 4 de marzo de 2021, ha decidido que no ha lugar a extinguir la pensión de alimentos a favor de un hijo de 23 años sin trabajo y que abandonó sus estudios, ya que este asumió en solitario los cuidados de su madre enferma, sin ayuda paterna.

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