Rebus sic stantibus – Sentencias tras la pandemia

 

Premisas

Un análisis esquemático de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus lo encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1991. En ella alude a anteriores Sentencias del Supremo, de 14 de diciembre de 1940, 17 de mayo de 1941, y 5 de junio de 1945, la de 17 de mayo de 1957, y se establecen las siguientes conclusiones en relación con la aplicación de la citada cláusula:

  1. Que la cláusula «rebus sic stantibus» no está legalmente reconocida;
  2. Que, sin embargo, dada su elaboración doctrinal y los principios de equidad a que puede servir, existe una posibilidad de que sea elaborada y admitida por los Tribunales;
  3. Que es una cláusula peligrosa, y, en su caso, debe admitirse cautelosamente;
  4. Que su admisión requiere como premisas fundamentales:
    1. Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración;
    2. Una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilación del equilibrio de las prestaciones, y
    3. Que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles; y
    4. En cuanto a sus efectos, hasta el presente, le ha negado los rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato otorgándole los modificativos del mismos, encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones.

 

Evolución jurisprudencial

Tal y como señala la propia Sala de lo Civil, nuestro Alto Tribunal ha ido modificando su posición respecto de la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”. Tratándose de una creación doctrinal los criterios para su aplicación eran muy exigentes, limitándose a situaciones realmente excepcionales los casos en que era apreciada por los tribunales. Sin embargo, la crisis económica de 2008 volvió a poner en el foco a esta figura, y la interpretación que hizo nuestro Tribunal Supremo fue menos restrictiva que la que venía haciendo hasta ese momento.

En la Sentencia 333/2014, de 30 de junio de 2014, la Sala Primera del Tribunal Supremo (Ponente D. Francisco Javier Orduña Moreno) reconoce que aunque la concepción tradicional de la figura se ha referido a un marco de aplicación sumamente restrictivo (como el recogido en la Sentencia d 10 de febrero de 1997), la realidad social y la evolución doctrinal conducen a una aplicación más normalizada de esta cláusula.  El Tribunal Supremo establece que una situación de crisis económica puede, como hecho notorio, servir de causa para la aplicación de la doctrina del rebus sic stantibus, siempre que se acredite que dicha crisis produce la frustración del contrato examinado o causa un perjuicio grave y excesivamente oneroso a alguna de las partes.

No obstante, la aplicación de la cláusula rebus no se produce de forma generalizada ni de un modo automático por la existencia de una crisis económica, pues como señalan las Sentencias del Pleno, de 17 y 18 de enero de 2013, resulta necesario examinar que el cambio operado comporte una signif‌icación jurídica digna de atención en los casos planteados.

Así se confirma en la sentencia 64/2015, de 24 febrero, en que el Tribunal af‌irmó que «del carácter de hecho notorio que caracterizó la crisis económica de 2008, no comporta, por ella sola, que se derive una aplicación generalizada, o automática, de la cláusula » rebus sic stantibus» a partir de dicho periodo, sino que es del todo necesario que se contraste su incidencia causal o real en el marco de la relación contractual de que se trate».

La actual situación, con una pandemia mundial y la crisis económica derivada de los efectos de la primera, han vuelto a traer a primera línea la figura de “rebus sic stantibus”, que ha fundamentado numerosas demandas judiciales en busca de una modificación de los pactos contractuales alcanzados previamente.

En esta ocasión no se ha tratado solo de una crisis o parón económico, sino que la situación sanitaria ha puesto de manifiesto una realidad desconocida hasta el momento.  Las restricciones a la movilidad, limitaciones de aforos, cierre de determinados servicios,… ha trastocado de manera grave e imprevista nuestro modo de vida, afectando a las posibilidades de negocio y expectativas económicas de muchos sectores.

Ello ha motivado la interposición de diversas demandas solicitando la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” para reajustar las obligaciones recogidas en los contratos suscritos antes de la pandemia relacionados con contratos de arrendamiento en sectores especialmente afectados por la actual crisis.

Las respuestas que nuestros tribunales vienen dando a estas demandas hacen ver un nuevo auge en la aplicación y una evolución doctrinal de la figura en cuestión. Veamos algunas de estas recientes resoluciones:

 

Auto del Juzgado de 1ª Instancia de Madrid num. 74 núm. 299/2020 de 13 agosto

Estima acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos para la aplicación de la doctrina del rebus sic stantibus, como consecuencia de la grave afectación que ha supuesto la pandemia del COVID 19 a la relación arrendaticia que unía a las partes del litigio. Resuelve el Juzgado que procede reestablecer el equilibrio contractual en los términos solicitados en la demanda, constituyendo hechos notorios la existencia de dicha pandemia, que la misma no era previsible a la fecha de celebración del contrato (mayo de 2018), y que ha afectado de manera extraordinaria e intensa a la situación económica general y a actividad de los comercios, aprobándose por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo (RCL 2020, 376) el estado de alarma, lo que supuso el conf‌inamiento de la población y la suspensión de la actividad de los centros comerciales, siendo prorrogado el estado de alarma en varias ocasiones, y manteniéndose el cierre de los centros comerciales o autorizándose con restricciones durante la denominada «desescalada» y la vuelta a la «nueva normalidad».

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 20 de Barcelona, núm. 1/2021 de 8 enero.

Reconoce como requisitos de la cláusula rebus sic stantibus, «Que se haya producido una alteración extraordinaria e imprevisible de los elementos tenidos en cuenta al f‌irmar el contrato de manea que la nueva situación haya implicado una alteración de la base del negocio. Por ello se excluye la aplicación de esta cláusula cuando el contrato ya prevé una consecuencia ante una futura alteración o cuando el propio contrato ya lleva inherente la asunción del riesgo como puede ser un contrato de inversión.”

Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 20 de Madrid núm. 256/2021, de 28 de julio.

Estima parcialmente la demanda interpuesta por la arrendataria de un local destinado a hostelería, y aplicando la doctrina rebus sic stantibus resuelve una carencia en el pago de la renta desde el 14 de marzo al 10 de junio de 2020, cuando permaneció cerrado el local, y reduce al 50% la renta hasta que se declare por el Gobierno el fin de la pandemia.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cartagena núm. 159/2021, de 1 de septiembre.

Recuerda la importancia de la prueba, poniendo de manifiesto que es necesario acreditar que, más allá de una crisis económica que afecta al sector, la misma ha afectado al negocio del demandante, en qué medida lo ha hecho, y el desequilibrio que se produce como consecuencia de dicha afectación. Desestima la demanda y niega la reducción de la renta solicitada por un hotel.

Por todo lo anterior, hay que concluir que, sin perjuicio de la realidad de la crisis económica y de su incidencia en el sector hotelero y de la restauración, la demandante no ha practicado prueba suf‌iciente sobre la medida en que dicha crisis ha afectado, en particular, al hotel de Cartagena, así como su incidencia en el equilibrio prestacional que constituye la base del contrato. De esta forma, no sólo resulta imposible conocer si el desequilibrio derivado de la crisis puede calif‌icarse como extraordinario y excesivamente gravoso para la parte arrendataria, sino que imposibilita una decisión fundada sobre las concretas medidas de ajuste que sería necesario adoptar para restablecer el equilibrio perdido.”

 

Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Palma de Mallorca núm. 172/2021, de 30 de julio.

En este caso, ante la reclamación formulada por una arrendataria de un local del aeropuerto de Palma solicitando la adecuación de la renta a abonar, el Juzgado tuvo en cuenta que la libertad de movimiento de ciudadanos y consiguiente reducción de pasajeros que acceden al aeropuerto supone una alteración extraordinaria de las circunstancias que permitía aplicar la cláusula rebus sic stantibus. El propio contrato ya contemplaba que el cierre o restricción al público del acceso al aeropuerto por motivos de seguros conllevaría daños a la arrendataria que habrían de ser compensados. La resolución judicial acuerda una reducción de la renta mínima garantizada en el contrato de arrendamiento para los años 2020 a 2022.

Por el momento son mayoritariamente los Juzgados de Primera Instancia quienes resuelven sobre la procedencia de la aplicación de la rebus sic stantibus planteadas con ocasión de la pandemia. Será en la resolución de los recursos que se encuentran en trámite cuando conozcamos la interpretación realizan las diferentes Audiencias Provinciales, así como el criterio que sostiene nuestro Tribunal Supremo en la actual situación que vivimos, cómo se mantiene el equilibrio entre el principio de pacta sunt servanda y la cláusula rebus sic stantibus.

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